El caso de la moción de censura en las Cortes de Aragón

Tras las elecciones a las Cortes de Aragón, ningún grupo obtiene mayoría absoluta. Doña Marta Aisa, Diputada del partido más votado, es candidata a la Presidencia de Aragón. En la primera votación de investidura no logra la mayoría necesaria; veinticuatro horas después se repite la votación y resulta investida. Ya nombrada Presidenta, forma su Gobierno. Meses más tarde, tras una polémica decisión sobre el cierre de un centro de salud rural, un grupo de Diputados presenta una moción de censura contra ella, proponiendo como candidato alternativo a don Jorge Sarasa. Uno de los Diputados firmantes, don Ismael Broto, es detenido por la Guardia Civil por un presunto delito cometido el día anterior, ajeno a su actividad parlamentaria y sin que mediara flagrancia. Mientras tanto, el Justicia de Aragón recibe una queja ciudadana sobre la gestión de una comarca y decide investigarla.

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El caso de la comarca de Piedra Alta

La comarca de Piedra Alta, formada por la agrupación de doce municipios limítrofes del Somontano turolense, negocia con la Diputación Provincial de Teruel un convenio de cooperación para prestar servicios conjuntos a los municipios más pequeños. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de la localidad de Argente, dentro de la comarca, quiere ampliar una captación de agua para regadío que discurre íntegramente por territorio aragonés, y solicita informe a la Comunidad Autónoma. La comarca, por su parte, explora colaborar con una región vecina de Cataluña en un proyecto cultural transfronterizo, y presenta una solicitud de ayuda económica al Fondo Local de Aragón para financiar una residencia de mayores.

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El caso de doña Pilar Used

Doña Pilar Used, con vecindad civil aragonesa pero residente en Madrid desde hace veinte años, fallece dejando una finca rústica en el Somontano. Sus herederos discuten si se aplica el Derecho civil aragonés o el Código Civil común, ya que Pilar residía fuera de Aragón. El caso llega al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La magistrada que lo instruye, muy familiarizada con el Derecho foral, es además candidata a un puesto de Secretaria judicial en un partido judicial aragonés. Mientras tanto, la Administración de la Comunidad Autónoma tramita en paralelo un expediente sobre las demarcaciones territoriales de los juzgados de la zona, y un vecino disconforme con esa tramitación se plantea a quién dirigir su queja. Por último, el debate social generado por el caso lleva a las Cortes de Aragón a estudiar impulsar una reforma del Estatuto para reforzar las competencias forales.

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El caso del trabajo sobre el Día de Aragón

Un grupo de estudiantes de un instituto de Huesca prepara un trabajo sobre las señas de identidad de la Comunidad Autónoma de Aragón con motivo del Día de Aragón. Investigan el origen del autogobierno aragonés y sus símbolos oficiales, y se plantean quién tiene realmente la condición política de aragonés. Uno de ellos tiene un tío que emigró a Argentina hace treinta años tras vivir siempre en Zaragoza, y se pregunta si conserva algún derecho político como aragonés. También estudian el caso de un municipio limítrofe con Aragón, hoy perteneciente a otra Comunidad Autónoma, cuyo Ayuntamiento se plantea solicitar su incorporación a Aragón.

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El caso de la investidura y la moción de censura en las Cortes de Aragón

Tras las últimas elecciones a Cortes de Aragón, se constituye la nueva legislatura. El Presidente de las Cortes, tras consultar con los grupos parlamentarios, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. En la primera votación de investidura, el candidato no logra la mayoría necesaria. Días antes de la segunda votación, uno de los diputados electos es sorprendido en un delito flagrante cuando se dirigía a la Cámara. Finalmente el candidato resulta investido. Meses después de constituido el nuevo Gobierno, un grupo de diputados presenta una moción de censura contra el Presidente, proponiendo un candidato alternativo.

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El caso del nuevo Gobierno de Aragón y sus competencias

El nuevo Gobierno de Aragón (la Diputación General) queda constituido tras la investidura de su Presidente, que nombra libremente a sus Consejeros. Semanas después, el Consejero de Agricultura es identificado por una infracción administrativa menor, aunque no en flagrante delito. El Gobierno de Aragón, en ejercicio de sus competencias, aprueba una regulación sobre concentración parcelaria y otra sobre régimen minero, y antes de resolver una cuestión jurídica compleja sobre la organización de un organismo autonómico, solicita el dictamen de un órgano consultivo. Por último, se plantea si Aragón puede desarrollar su Derecho foral sin necesidad de que el Estado se lo autorice caso por caso.

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